Pese al acelerado desarrollo inmobiliario, crece pobreza entre poblaciones ocupadas en construcción y actividades de alojamiento y servicios de comida en Guanacaste

Esteban Barboza Núñez
Marlen Díaz Soto
Octubre, 2024

Según datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), la provincia de Guanacaste cerró el año 2023 con más de un millón de metros cuadrados tramitados para la construcción de proyectos habitacionales. Fue la provincia que encabezó la lista, con más de 100 mil metros cuadrados por encima de San José, que ocupó el segundo puesto. En lo que llevamos del año 2024, la región Chorotega suma ya 710 000 metros cuadrados de proyectos habitacionales. Como hemos señalado en reportajes anteriores, son distritos costeros como Tamarindo, Sardinal, Nosara, Cabo Velas y Sámara, entre otros, los que concentran la mayor cantidad de metros, la mayoría dedicados a construcciones destinadas a segundas residencias o a ser alquiladas en plataformas digitales como Airbnb.

Estos datos contrastan con la baja en la construcción de viviendas de interés social en el país que, precisamente, experimenta una importante disminución a partir de la crisis por COVID-19 de 2020. Irónicamente, en el caso de Guanacaste, esta merma en la edificación de viviendas de este tipo choca con el aumento del número de casas de más de 150 metros cuadrados valoradas a precios exorbitantes, imposibles de pagar para la inmensa mayoría de la población local.

Estos contrastes, sin embargo, no suelen ser examinados críticamente por la mayoría de gobiernos locales e instituciones estatales, que ven este tipo de inversión con buenos ojos, generalmente con la justificación de que generan empleos y reactivan económicamente una región muy afectada por la pandemia, precisamente por su alta dependencia del turismo y de la inversión extranjera directa.

Según esta retórica, las actividades económicas más beneficiadas por estas inversiones son las de alojamiento y servicios de comida, estrechamente vinculada al turismo, y la construcción, dado que estas edificaciones demandan gran cantidad de mano de obra. Ahora bien ¿existe realmente un beneficio importante de este boom inmobiliario para las personas dedicadas a estas actividades a partir de su incremento exponencial, como sostiene el discurso hegemónico estatal y empresarial? Para responder esta pregunta nos dimos a la tarea de analizar los indicadores de pobreza y bienestar en Guanacaste desde el 2019 hasta el 2023, precisamente entre las personas dedicadas a este tipo de actividades, que son las que, según la mayoría de los discursos dominantes, mayormente se benefician de estas inversiones.

En cuanto al primer grupo, es decir, las personas dedicadas al alojamiento y servicios de comida, como se puede apreciar en el primer gráfico, los números muestran un incremento muy sustancial en los porcentajes de pobreza extrema y no extrema de 2019 a 2020, como era de esperar por la crisis generada por la pandemia mundial. La explicación es bastante obvia y contundente para ese año.

Sin embargo, a pesar de que la pobreza disminuye bastante en el 2021, cuando se da una recuperación parcial de los números de ingresos de visitantes al país, esta comienza a crecer de nuevo en los años 2022, cuando se estabilizan los números históricos de llegadas de turistas en comparación con los años anteriores a la pandemia; y en 2023, cuando por primera vez desde la crisis llegan más visitantes que en 2019, según datos del Instituto Costarricense de Turismo.

No obstante, es en los años 2022 y 2023 cuando la pobreza entre las personas ocupadas en actividades de alojamiento y servicios de comida comienza a crecer. En cuanto a pobreza extrema, se reporta un crecimiento de un 100% de 2021 a 2024, cuando se pasa de 1.9% a 3.9% de personas dedicadas a estas actividades en esta condición. En cuanto a pobreza no extrema, en el 2023 los números indican que el 15.8% de las personas dedicadas a actividades de alojamiento y servicios de comida son pobres, casi tres puntos porcentuales más que en 2019, con 13%.

Figura 1.

Existe una tendencia entre algunos analistas de desvincular la actividad turística en Guanacaste de la actividad inmobiliaria. Es decir, para ellos es independiente una actividad de la otra. Esto se debe generalmente a cuestiones administrativas que facilitan ciertos tipos de gestiones, o a limitaciones conceptuales en cuanto a las formas de entender el turismo, que tienden a apegarse a definiciones muy limitadas de este fenómeno.

Consideramos, sin embargo, al turismo como una actividad sistémica, como parte de las movilidades humanas, estrechamente vinculado a la movilización internacional de grandes capitales, como los que terminan siendo invertidos en desarrollos inmobiliarios en buena parte dedicados a hospedar turistas por medio de plataformas digitales como Airbnb o Booking; como residencias temporales de personas que en primera instancia conocieron el país como turistas; o bien, como residencias permanentes de migrantes de amenidad del norte global que deciden mudarse a Guanacaste.

Ahora bien, una actividad económica que está irrefutablemente vinculada con este boom inmobiliario es la construcción. En teoría, las personas dedicadas a esta actividad deberían ser las principales beneficiadas del aumento exponencial de la edificación de viviendas y condominios en las costas de Guanacaste. Esa es al menos parte de la retórica hegemónica.

Vemos, según la figura dos, como era de esperar, que la pobreza aumentó de 2019 a 2020, y que disminuyó a partir del 2021, que es cuando inicia el boom. No obstante, en 2022 y 2023, años en que Guanacaste lideró los metros cuadrados tramitados para la construcción de proyectos habitacionales, la pobreza comienza a aumentar considerablemente entre las personas ocupadas en esta actividad, y pasa de un 7,4% en 2022 a un 17,1% en 2023. En el caso de la pobreza extrema, se pasa de 1.1% en el año 2022 a un 3.3% en el año siguiente.

Figura 2.

A nivel general, más allá de las personas ocupadas en estas actividades, distritos costeros de Guanacaste, como Cabo Velas, Veintisiete de Abril, Cuajiniquil, Nosara y Sámara, que presentan importantes aumentos en el desarrollo inmobiliario, siguen arrastrando indicadores de bajo desarrollo social, incluso si los comparamos con números promedio de la región, además de elevados niveles de pobreza y desigualdad. Lo mismo sucede con el desempleo, rubro en el que la región Chorotega solo es superada por la región Pacífico Central.

En general, las actividades de alojamiento y servicios de alimentación son las que más personas emplean en Guanacaste, con un 14,8% de las personas ocupadas trabajando en este ramo, mientras que la construcción ocupa el tercer puesto, con un 8.9%. En la primera actividad, el ingreso promedio es de 418 000 colones mensuales, y en la segunda, 369 000 colones. Toda esta información según datos del INEC.

Estos datos nos llevan a cuestionarnos la supuesta derrama económica de las gigantescas inversiones en Guanacaste, y la derrama simbólica de los desarrollos inmobiliarios, que más bien parecen construir enclaves de ostentación a los que muy pocos tienen acceso, mientras las actividades económicas dominantes continúan sin resolver el gran problema de la pobreza y la desigualdad persistentes. Este tipo de actividades, tal y como existen en Guanacaste, según se puede derivar de los datos, no tiene entre sus características el aumento del bienestar general, sino más bien el retorno de ganancias exclusivamente para los inversionistas y la menor derrama posible entre las poblaciones locales.